El Programa de Ciudadanía por Inversión llega en momento de tensión por la Ley de Tierras
El Gobierno nacional anunció un nuevo programa que permitirá a extranjeros acceder a la ciudadanía argentina a través de aportes económicos, una iniciativa conocida como “pasaporte dorado”. Esta medida surge en un contexto marcado por la controversia en torno a la propiedad de tierras y, en particular, la vigencia del DNU 70/2023 y la derogación de la Ley de Tierras Rurales que regulaba la extranjerización de terrenos.
Detalles del programa y sus alternativas para obtener la nacionalidad
El sistema ofrecerá dos vías principales para acceder a la ciudadanía: un aporte no reembolsable al Tesoro Nacional de 350.000 dólares o la suscripción a un título público especial por 800.000 dólares. Además, se podrán incorporar familiares mediante aportes adicionales. El Gobierno aseguró que el proceso incluirá rigurosos controles de diligencia, sobre el origen de fondos, seguridad nacional y prevención de ilícitos financieros.
Un antecedente que data de 2025 y su contexto original
Este programa no nació como respuesta al debate actual. En 2025 se modificó la Ley de Ciudadanía para permitir la naturalización por inversión significativa, estableciendo una Agencia especializada. Sin embargo, su implementación práctica y comunicación coinciden ahora con el debate sobre la extranjerización de tierras, lo que ha causado preguntas y desconfianza sobre posibles usos indirectos de la ciudadanía para sortear límites legales.
El fallo de la Corte que reactiva la polémica sobre la compra de tierras
La Corte Suprema anuló un fallo previo que había impedido la aplicación del artículo 154 del DNU 70, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Si bien no analizó el fondo del asunto, esta decisión dejó sin efecto las restricciones que limitaban a extranjeros la compra de tierras, generando un vacío normativo que profundiza la disputa política.
Los límites originales y la centralidad de la nacionalidad
La Ley 26.737 fijaba topes claros: máximo 15% de tierras rurales en manos extranjeras por jurisdicción, límites por nacionalidad, 1000 hectáreas para la zona núcleo, restricciones en zonas ribereñas y próximas a fronteras. Estas regulaciones asumían la distinción entre nacionales y extranjeros para su aplicación, aspecto que abre la puerta a un debate sobre cómo afecta la figura de la ciudadanía por inversión.
El posible impacto del “pasaporte dorado” sobre la extranjerización
La cuestión relevante es si personas que obtengan la nacionalidad argentina a través del programa de inversión puedan luego adquirir tierras sin someterse a las limitaciones que aplica a extranjeros. Aunque el Gobierno aclara que el programa no busca facilitar la compra de terrenos, la superposición de ambos escenarios abre interrogantes y suspicacias sobre un posible atajo legal.
Próximos capítulos políticos y movilizaciones sociales
El Congreso tendrá en los próximos días una sesión clave para decidir el futuro del DNU 70. Tras la votación ya negativa del Senado en 2024, se espera que Diputados debate en octubre la continuidad o derogación del decreto. Paralelamente, se convocaron movilizaciones para manifestar rechazo a la Corte y para la defensa de la soberanía territorial, con actos previstos el 6 y 15 de octubre.
Dos debates que convergen pero requieren enfoques diferentes
Este contexto vuelve a poner sobre la mesa no sólo quién puede ser propietario de tierras rurales sino también el cuestionamiento sobre la concentración de tierras en pocas manos, sean nacionales o extranjeras. Mientras la ley apuntaba a prevenir la extranjerización, el desafío mayor podría ser equilibrar ambos intereses en un marco jurídico que refleje las complejidades actuales.
