Modificaciones en internaciones involuntarias buscan intervenir antes ante situaciones de riesgo
El Senado argentino dio media sanción al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, con 42 votos a favor y 21 en contra, impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa altera los criterios para las internaciones involuntarias, pasando del criterio de riesgo cierto e inminente para la persona o terceros a uno que establece el riesgo grave para la vida o integridad física, incluyendo antecedentes y evolución previsible sin tratamiento.
Quienes respaldan esta modificación señalan que permitiría una intervención más temprana ante crisis, evitando respuestas tardías que pueden agravar el cuadro clínico. En cambio, sus detractores advierten que esta ampliación puede facilitar la vulneración de derechos y derivar en internaciones arbitrarias.
Impacto en la organización de equipos y modalidades de atención
La reforma también afecta la participación de profesionales en los equipos interdisciplinarios y amplía las opciones de internación para incluir hospitales y establecimientos especializados en salud mental, además de los hospitales generales que la ley vigente promueve.
En el debate se discutió la dificultad para garantizar evaluaciones oportunas en zonas con escasez de especialistas, lo que representa un desafío particular para regiones del interior del país como Necochea y Quequén. Mientras los defensores sostienen que la ampliación responde a la falta de camas, los críticos temen un retroceso en la atención comunitaria y el fortalecimiento de dispositivos cerrados.
Posiciones de profesionales y preocupaciones locales
Entre los que apoyan la reforma, Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, propuso que exigir un riesgo inminente limita la capacidad de intervención oportuna, mientras que Ignacio Brusco y León Morra señalaron la necesidad de fortalecer instituciones especializadas.
Por otro lado, la Mesa Intersectorial de Salud Mental de Necochea y Quequén emitió un comunicado rechazando la ampliación de criterios, pues podría abrir la puerta a internaciones arbitrarias y auxilio insuficiente a la autonomía y derechos de las personas. También defendieron equipos interdisciplinarios variados y apuntaron a la falta de recursos para profesionales, infraestructuras y acompañamientos comunitarios.
Psicólogos bonaerenses expresaron su rechazo en una jornada regional, enfatizando que la salud mental debe abordarse desde un marco integral que incluya factores sociales y económicos y respetando las incumbencias profesionales.
Debates parlamentarios y próximos pasos
En el debate en el Senado, Ivanna Arrascaeta defendió la actualización de la ley frente a nuevas demandas, mientras que algunos senadores como Maximiliano Abad mostraron apoyo condicionado, cuestionando aspectos institucionales. Desde el Justicialismo, Lucía Corpacci resaltó que la clave es proveer recursos adecuados para hacer cumplir la legislación vigente más que cambiarla.
La reforma deberá ahora ser tratada en la Cámara de Diputados para su posible aprobación definitiva.
Recursos y cuidados tras la internación, un desafío pendiente
Más allá de la legislación, expertos coinciden en que es fundamental contar con profesionales, camas y dispositivos de atención ambulatoria y comunitaria para prevenir crisis y sostener a las personas tras el alta hospitalaria. La ley vigente contempla diversos apoyos, pero la falta de presupuesto y recursos limita su efectividad.
Este debate refleja la tensión entre la necesidad de garantizar derechos y el desafío de responder de manera efectiva frente a crisis de salud mental en un sistema con recursos limitados.
